Participación y representación de los trabajadores. A vueltas con los datos salariales de la copia básica del contrato de trabajo.

Abstract

Este trabajo analiza un supuesto judicial muy concreto con una interpretación que conviene estudiar con detenimiento, dada la práctica habitual empresarial de no especificar en la copia básica del contrato de trabajo el importe real del salario del trabajador. La controversia de la sentencia objeto de estudio que absuelve a la empresa, cobijándose en la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo. Una cuestión que preocupa a la autora y que critica con contundencia en este artículo. Se defiende que la retribución de los trabajadores en modo alguno puede entrar dentro del derecho a la intimidad y al derecho a la protección de los datos de carácter personal, toda vez porque ello dificultaría o imposibilitaría el derecho de información de los representantes de los trabajadores. La profesora analiza la concreción del derecho de información y su alcance tanto desde el límite subjetivo como el límite material del derecho. En este sentido, concluye que los datos relativos a la relación contractual son datos personales, ni pueden ser tratados como datos íntimos, pues si fuera así, se impediría que los representantes de los trabajadores puedan comprobar la adecuación del contenido de los contratos a la legalidad vigente. Esta teoría esgrimida por la autora la sostiene con fijeza cuando analiza el artículo 8.4 y el artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores, pues su posición se refuerza cuando se prevé que la información queda sometida a los principios y garantías previstos, del deber de sigilo. La profesora pone en duda el planteamiento de la sentencia, y esgrime que la sentencia se acoge a un criterio de expresividad normativa de reconocer solo y exclusivamente lo que recoge de forma expresa por la norma e interpretada de forma literal, provocando un efecto restrictivo que perjudica el cumplimiento del fin del derecho de información. De hecho, argumenta la autora que se debe tener presente que los representantes pueden necesitar una información que no está prevista en la ley, y no ya por razones caprichosas o por antojo, sino para ejercer adecuada y eficazmente su función representativa. Y en esta materia, esta función se destina esencialmente a constatar y a corregir, en su caso, las desviaciones de los empresarios en la fijación de las cláusulas de los contratos, para comprobar las condiciones rales de los trabajadores a través de sus contratos, que no de sus convenios.