UniversidaddeCádiz

El conflicto de interés constituye una institución que aún está por definirse por completo en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se refiere al conflicto de interés en dos artículos. El primero está dedicado a los principios de actuación y el segundo, bajo la rúbrica "Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses", no lo define, tipifica ni establece sanciones al respecto. De hecho, el precepto que regula las infracciones en esta materia remite todo el régimen a la normativa sobre conflicto de intereses de la Administración General del Estado y, para el resto de las Administraciones, a su propia normativa de aplicación (art. 27). Todo ello sin olvidar que la norma parece circunscribir el conflicto de interés al «incumplimiento de las normas de incompatibilidades o las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título», cuando, en realidad, el concepto es mucho más amplio. De esta manera, el objeto del presente capítulo no puede ceñirse exclusivamente al régimen previsto en la Ley 19/2013, concretamente en el capítulo II, dedicado al Buen Gobierno, pues es la propia norma la que remite a otros marcos normativos, como el relativo al conflicto de interés de la Administración General del Estado. Un régimen que, en el caso de los altos cargos, se encuentra en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (en adelante, Ley 3/2015), la cual dedica todo su título II al régimen del conflicto de interés y de incompatibilidades. Esta realidad impide la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 19/2013 a la materia de conflicto de interés. Sin embargo, ello no significa que no existan aspectos en la citada norma que puedan y deban ser analizados. Resulta oportuno, por tanto, abordar los principios generales y de actuación contemplados en la misma, así como el precepto dedicado a las infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses, por insuficiente que resulte. De este modo, el presente capítulo examinará, en primer lugar, el régimen de la Ley 19/2013 en lo que respecta al conflicto de interés, para después analizar el régimen previsto en la Ley 3/2015. En este sentido, considero necesario —aunque inicialmente pudiera parecer que excede del objeto del trabajo— exponer cómo y, sobre todo, qué se ha regulado en materia de conflicto de interés en la última ley citada antes de abordar el régimen sancionador. De lo contrario, ante la falta de una definición clara e inequívoca del concepto, se corre el riesgo de no poder identificar las infracciones que, conforme al marco normativo existente, deberían englobarse en él.