ALASTUEY DOBÓN, Carmen, La expulsión penal y administrativa de los extranjeros condenados, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, 230 páginas

Abstract

En un Estado democrático, el ejercicio por parte del Estado del ius puniendi implica la máxima facultad que puede predicarse del poder público de imponer un castigo a cualquier ciudadano –sea o no nacional del mismo, sino por cuestión de ius soli– que lesione o ponga en peligro bienes jurídicos dignos de tutela, a través de un proceso penal, siempre que no sea susceptible de protegerse tales intereses por medios menos incisivos para los derechos y libertades del sujeto que sufre las restricciones o limitaciones consustanciales a dicha respuesta jurídica coercitiva.