Derechos Humanos y Política Criminal en Perú: las instituciones del Sistema de control penal ante la pobreza

Abstract

Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (en adelante, Las Reglas de Brasilia) reconoce como causas específi cas de vulnerabilidad (entre otras) la pobreza y la privación de libertad. Dicho instrumento reconoce además que el acceso a la justicia de las personas en que concurren varias causas de vulnerabilidad es especialmente difi cultoso. En este sentido, la combinación de la situación de pobreza y de privación de libertad implica un sumatorio que impide a las personas ejercitar sus derechos en condiciones de igualdad con respecto al resto de la población. Este mismo instrumento señala que el sistema judicial, y por tanto también las instituciones del sistema de control penal, tienen que garantizar de forma efectiva los derechos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Pero, además, teniendo en cuenta los especiales obstáculos que estos colectivos enfrentan a la hora de hacer valer sus derechos, es necesario que para la garantía de su protección se articulen actuaciones prioritarias destinadas a remover dichos impedimentos. También el Informe del Relator Especial sobre la Extrema pobreza y los Derechos Humanos ha puesto de manifi esto la realidad insoslayable que supone que la población pobre sufre violaciones en sus derechos fundamentales de manera desproporcionada y diferenciada, como también lo es que no existe un registro de la forma concreta en que la situación de pobreza económica infl uye en la confi guración y caracterización de dichas violaciones (Relator Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, 2017).