El derecho a la salud de las personas privadas de libertad. Especial referencia a las condiciones de salubridad de los centros penitenciarios de Ecuador

Abstract

La presente investigación aborda el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en Ecuador, con énfasis en las condiciones de insalubridad que caracterizan el sistema penitenciario y su impacto en este derecho fundamental. Con un enfoque socio jurídico, cualitativo y de salud ambiental, se examinan los determinantes que afectan la salud de los reclusos y se evalúan las brechas entre la normativa internacional, la legislación nacional y la realidad penitenciaria, a partir de un estudio empírico realizado en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Loja. El objetivo principal consiste en demostrar de qué manera un ambiente penitenciario insalubre repercute en la realización del derecho a la salud, entendido como un derecho integral que abarca dimensiones físicas, mentales, sociales y ambientales. Desde la perspectiva de la calidad del entorno ambiental, se destaca que condiciones adecuadas de alojamiento, acceso a agua potable, saneamiento básico, higiene, control de vectores y gestión de residuos resultan esenciales para prevenir enfermedades y promover el bienestar en el ámbito penitenciario. Metodológicamente, se han aplicado técnicas cualitativas, mediante la cuales se alcanzó el punto de saturación con entrevistas a 75 informantes clave (55 personas privadas de libertad, 16 personas liberadas, 3 sanitarios y 1 funcionario penitenciario), y la observación documental de informes oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE). El análisis se complementó con el marco teórico que contiene el avance científico en la materia, el marco jurídico establecido por las Reglas Mandela, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la normativa penitenciaria ecuatoriana, que reconocen la obligación del Estado de garantizar estándares mínimos de habitabilidad en prisión. Los resultados revelan una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los reclusos, atribuible a condiciones de hacinamiento, deterioro de la infraestructura, contaminación del agua, deficiente calidad del aire y fallas en los sistemas de saneamiento y gestión de desechos. Dichas carencias no solo atentan contra la dignidad humana, sino que también propician la persistencia de enfermedades transmisibles y crónicas, afectando no únicamente a la población carcelaria y al personal penitenciario, sino extendiéndose a la comunidad en general por el riesgo de contagio derivado del elevado nivel de movilidad en el entorno penitenciario. En conclusión, la investigación subraya que el derecho a la salud de los reclusos no puede garantizarse sin considerar el entorno penitenciario como un determinante clave de la salud. El estudio insta a la implementación de políticas públicas integrales que prioricen la rehabilitación de la infraestructura penitenciaria, la capacitación del personal y el monitoreo continuo de las condiciones ambientales, promoviendo un modelo de gestión interconectado con el sistema de salud pública y demás entidades estatales. De este modo, se busca humanizar el encierro y cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, posicionando la salud ambiental como una herramienta preventiva indispensable para garantizar el derecho a la salud en prisión.