La nueva tasa de residuos y la autonomía local constitucionalmente reconocida

Abstract

La gestión de residuos supone para la sociedad un desafío creciente en el contexto actual de sostenibilidad y cambio climático, por ello, desde hace años, los poderes públicos vienen aplicando políticas dirigidas hacia la transición ecológica, centradas en el desarrollo sostenible, la reducción de residuos y el in-cremento de la segunda oportunidad. En España, la transición hacia un mode-lo de gestión de residuos más sostenible, marcado por los tiempos de la Unión Europea, e impuesto actualmente por la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos, suelos contaminados y economía circular, se ha vuelto esencial para alcanzar los objetivos que permitan avanzar hacia economía circular. Si bien, la misma, con la imposición de una tasa o una prestación patrimonial no tributaria de recogida de residuos locales, enfocada a los pagos por generación, ha supuesto un quebranto en al día a día de los entes locales, incluso pudiendo afectar a su autonomía local constitucionalmente reconocida.

Waste management poses an increasing challenge for society within the current con-text of sustainability and climate change. For this reason, public authorities have, for years, been implementing policies aimed at the ecological transition, focusing on sustainable devel-opment, waste reduction, and the promotion of second-use or recovery initiatives. In Spain, the transition toward a more sustainable waste management model driven by the timelines set by the European Union and currently mandated by Law 7/2022 of April 8, on Waste, Con-taminated Soils, and Circular Economy has become essential in order to meet the objectives that enable progress toward a circular economy. However, the implementation of a compulsory local waste collection charge, either in the form of a tax or a non-tax public levy, designed un-der the “pay-as-you-throw” principle, has caused significant disruption to the daily operations of local entities. Moreover, it may even affect their constitutionally recognized local autonomy.